a posible pérdida de autonomía del Puerto de Ushuaia quedó en el centro de la escena institucional luego de una presentación formal realizada por Juan Avellaneda, secretario general de la seccional Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur del Sindicato Unión del Personal Superior Ferroviario. La denuncia cuestiona el uso de fondos de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) para financiar a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y advierte que esa decisión podría derivar en sanciones y una eventual intervención nacional sobre la administración portuaria.
Por otra parte, fuentes con acceso directo a la dinámica portuaria explicaron a este medio que el trasfondo del conflicto excede lo estrictamente técnico o administrativo y se inscribe en una fuerte tensión política entre el Gobierno Nacional del presidente Javier Milei y el Gobierno de Tierra del Fuego. Según esa interpretación, la avanzada de la Nación sobre la administración del Puerto de Ushuaia formaría parte de una estrategia más amplia orientada a tomar el control de activos considerados estratégicos, con el objetivo final de avanzar luego en su privatización.
En ese marco, señalaron que el puerto de la capital fueguina aparece como un enclave clave por su rol logístico, turístico y geopolítico, especialmente por su vinculación con la actividad antártica, lo que explicaría el interés del Gobierno nacional en intervenir su operatoria, en línea con políticas que ya se vienen aplicando sobre rutas, autopistas y centrales eléctricas en distintos puntos del país.
En el mismo sentido, las fuentes consultadas indicaron que este escenario cuenta además con el impulso de empresarios locales vinculados a la actividad portuaria, que verían en una eventual intervención nacional una oportunidad para redefinir el esquema de gestión y participación privada en el puerto. A ello se suma el acompañamiento de un sector de la dirigencia política opositora al gobierno provincial, que habría encontrado en este conflicto una vía para debilitar a la actual administración fueguina y reconfigurar el control de uno de los principales activos estratégicos de la capital fueguina.
Ahora bien, según fuentes consultadas por este medio, la operatoria en el Puerto de Ushuaia se desarrolla con total normalidad. Incluso en el marco de una intensa temporada de recaladas de cruceros antárticos, el puerto continuó trabajando sin inconvenientes, garantizando tanto la actividad comercial como el movimiento de pasajeros. De acuerdo a las mismas fuentes, no se registraron afectaciones en los servicios ni en la seguridad operativa, y las tareas habituales se desarrollan conforme a lo previsto, pese al contexto de incertidumbre administrativa.
En primer lugar, la presentación impulsada por Avellaneda fue incorporada a un expediente que tramita ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), donde se analiza el cumplimiento del convenio de transferencia del Puerto de Ushuaia de la Nación a la Provincia, firmado en 1992. Dicho acuerdo establece que los ingresos generados por la actividad portuaria deben ser contabilizados de manera independiente de las rentas generales provinciales y destinados exclusivamente a gastos de administración, operación e inversiones vinculadas al propio puerto.
Sin embargo, el conflicto se desató a partir de la sanción de la Ley Provincial N.° 1596, aprobada en julio de 2025, que habilitó de forma excepcional la utilización del superávit financiero de la Dirección Provincial de Puertos correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025 para fortalecer el financiamiento de la OSEF. Desde el sindicato denunciante se sostiene que esa decisión vulnera el espíritu y la letra del convenio Nación–Provincia y compromete la capacidad del puerto para sostener obras de mantenimiento, reparación e infraestructura estratégica.
A partir de la denuncia presentada por el secretario general del Sindicato Unión del Personal Superior Ferroviario en Tierra del Fuego, la ANPYN dio intervención a distintas áreas técnicas, que coincidieron en advertir que la falta de disponibilidad de los fondos propios del puerto podría afectar seriamente su desarrollo y su operación segura. En ese sentido, se remarcó que el Puerto de Ushuaia cumple un rol estratégico para el país por su conexión bioceánica, su proximidad a la Antártida y su importancia para el comercio exterior y el turismo internacional.
Posteriormente, la autoridad portuaria nacional intimó a la Dirección Provincial de Puertos y al Gobierno fueguino a realizar el correspondiente descargo y acreditar el cumplimiento de la cláusula financiera del convenio. No obstante, según consta en las actuaciones, las respuestas brindadas no lograron desvirtuar las observaciones formuladas, lo que motivó inspecciones técnicas realizadas entre fines de septiembre y comienzos de octubre.
En ese marco, la ANPYN avanzó con la posibilidad de una intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, con el objetivo declarado de regularizar las condiciones de seguridad operativa y resolver el déficit de infraestructura detectado, asegurando al mismo tiempo la continuidad de los servicios portuarios durante un plazo inicial de doce meses, prorrogable por acto fundado.
